Los pedidos de información de la Asamblea, ¿fiscalización eficaz u hostigamiento?
Es una herramienta para atender denuncias ciudadanas, pero se puede prestar para una "oposición ciega"
El número de pedidos de información que ciertos asambleístas han enviado a instituciones del Estado los ubican en una especie de ranking. En el listado aparecen siete de los 137 legisladores que conforman el Pleno.
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A la cabeza está Zolanda Plúas, del PSC, con 334 pedidos; le siguen Luzmila Abad, de Pachakutik, con 209; Camilo Salinas, de Construye, con 155; Viviana Veloz, de la RC, con 132 pedidos. Detrás de ella hay otros tres legisladores de esa misma tienda, muy cerca.
Eso se observa en las cifras levantadas por el Observatorio Legislativo, que se creó desde hace 13 años y que hace un trabajo netamente cuantitativo.
Eso puntualiza Marcelo Espinel, subdirector de Ciudadanía y Desarrollo, a cargo de esa iniciativa. Él defiende la facultad que tienen los asambleístas de pedir información ante la falta de transparencia en los sitios webs oficiales. Y como un insumo para su tarea de fiscalizar.
Pero, ¿qué tan útil es solicitar información a ministerios y más? Para Camilo Salinas es una herramienta de trabajo. Como médico, exgobernador de Los Ríos y exministro de Salud, su enfoque está en ese campo. Al preguntarle por los resultados que ha obtenido, menciona tres casos y uno en especial, por el que “evitamos que roben dinero del Estado”, dice.
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En medio de la entrevista busca detalles de los procesos y comenta que en diciembre requirió información al IESS, tras una denuncia del Observatorio de Personas con discapacidad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Pedía observar la licitación por cerca de 2 millones de dólares para la compra de prótesis.
#Análisis | Pamela Aguirre revoluciona el control político: inventó la fiscalización en tiempo real para los hechos por venir.
— Diario Expreso (@Expresoec) July 14, 2024
Por: Roberto Aguilar🖊️ pic.twitter.com/D6L0MEdNEI
“Varios pacientes que habían fallecido antes del proceso, que pese a todo adjudicaron, el 27 de diciembre. El perjuicio era de unos 500.000 dólares”.
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En febrero, Eduardo Peña le informó a la Comisión de Salud que se había declarado desierto el concurso, relató Salinas. También que el procurador del IESS había pedido a la Fiscalía investigar el caso. Los funcionarios fueron removidos.
En la Mesa de Educación, Zolanda Plúas, su presidenta, dice que le llegan pedidos de profesores jubilados, de docentes y autoridades que exigen concursos de merecimientos; padres que se quejan por la infraestructura escolar. Por eso, en general, se dirige al Ministerio, también a la Senescyt.
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“Hay incumplimiento de las carteras y los pedidos de información ayudan a responder a demandas. Llevamos 10 mesas técnicas con autoridades, que se han comprometido a actuar”. En una se trató un pedido que enviaron en marzo sobre la necesidad de avanzar en la sectorización de profesores, que no se había tramitado desde el 2022, y cuyo piloto empezó en junio.
Según la legisladora, por ejemplo, gracias a un pedido de información, del 17 de mayo del 2024, lograron que Senescyt aumente el monto de transferencia a los becarios. En junio fueron $ 900.000 y para el 5 de julio, 6,3 millones de dólares.
¿La Asamblea Nacional fiscaliza u obstruye?
La analista política Ximena Ron señala que los pedidos de información de los legisladores suelen provenir de denuncias ciudadanas. Por ejemplo, les cuentan que algo funciona mal en un hospital. “Si no se usa para incomodar a un funcionario o para visibilizarse políticamente es una herramienta importantísima para fiscalizar”.
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Vicente Taiano Álvarez, quien fue asambleísta del 2009 al 2013, recuerda que los ciudadanos traen denuncias, pero no pruebas. Por eso hace falta pedir información. Pero no cree en rankings, sino en resultados.
Por su lado, Viviana Veloz opina que sus pedidos a más de 36 instituciones son “una manera efectiva de contrastar lo que se dice desde la publicidad gubernamental con la realidad”. Los balances, anota, han permitido demostrar que los supuestos logros en seguridad, empleo e inversión extranjera son falsos. También le han ayudado a hacer seguimiento a ofertas de campaña como la creación de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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