El porte y tenencia de armas fracciona posturas entre los sectores sociales
La academia y los activistas de DD. HH. rechazan la idea. Los sectores productivos apoyan la medida. El debate legal inicia
La medida enciende el debate. El libre porte y tenencia de armas para civiles anunciado por el presidente Guillermo Lasso, aunque será regulado, genera división entre quienes la rechazan por considerar que tendrá un efecto contrario y será otra fuente de corrupción; y quienes la toman como una herramienta para protegerse de la ola delictiva. Una disputa que también se refleja en un sondeo informal efectuado por Diario EXPRESO y las reacciones en redes sociales, si bien hay una mayoría en contra de la decisión.
En el fraccionamiento destacan los activistas por los derechos humanos. “El sentido común convoca a que se gobierne con sensatez y eso no está pasando. Esta medida es absolutamente contraproducente e ineficaz”, expresa Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quien también acota que hay que considerar lo violenta que se ha tornado la sociedad.
Afirma que esa violencia ha demostrado que “las armas son lo que más circula en la sociedad ecuatoriana”, en especial en ciudades como Guayaquil, perteneciente a la Zona 8, donde, según la Policía Nacional, se han registrado más de 400 muertes violentas en 2023. “El porte de armas no resuelve los problemas; al contrario, los agrava. La violencia se exacerba porque estamos aterrados, incluso quien nos gobierna”.
En esa misma línea de pensamiento se encuentra la academia. “Esta medida transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección”, señaló en un comunicado María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, quien también destacó que “estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social; lo que nos perjudicará”.
Las medidas desconocen la dolorosa realidad de violencia y crueldad que tenemos. Son decisiones tomadas sin datos y que van a complicar aún más la débil institucionalidad del país.
De igual manera, Juan Cárdenas, rector de la Universidad Politécnica Salesiana, en un comunicado indicó que “el libre porte de armas que se proyecta solo agudizará los conflictos y la violencia, ocasionando graves consecuencias para la ciudadanía y para un vivir armónico de nuestra sociedad”. También destacó que, hasta ahora, no se ha demostrado que eso garantice paz.
A la par de la discusión académica, los ciudadanos y otras instituciones también toman posturas según sus experiencias y creencias. “Son ellos o nosotros. Hay que parar esto”, dice Nicolás Jiménez, presidente de la Federación de Barrios del Ecuador, quien de primera mano sufrió los embates de la delincuencia cuando fue secuestrado a finales del 2022.
Estoy de acuerdo con que el ciudadano cumpliendo las leyes se arme, porque es terrible lo que se vive en los barrios. Son ellos o nosotros, hay que parar esto.
Sin embargo, Fernanda Rodríguez, ciudadana colombiana refugiada en Ecuador desde hace 11 años, lamenta que el Gobierno haya viabilizado el libre porte y tenencia de armas porque, según su experiencia, más violencia no es la solución a los problemas. “Vengo de un país en donde la violencia ha hecho que muchos compatriotas hayan tomado la decisión de emigrar buscando seguridad”.
Por su parte, John Garaycoa, experto en criminología y presidente de la empresa MAC Security, señala que, aunque apoya las medidas, estas son “vagas” y que aún tienen vacíos. “Se va a preferir pasar por un robo que ingresar a un problema legal, porque posiblemente puede ir preso. Hay demasiados cabos sueltos”, sostiene y recuerda que la tenencia de armas ya existía para mantenerla en lugares fijos, como la casa o la oficina. Asimismo, aclara que con esta decisión del Ejecutivo no todos podrán acceder a un arma. “Hay que cumplir con requisitos, tener un seguro de daños a terceros y realizar un curso para aprender a usarla”.
Armar a los ciudadanos es muy peligroso, por no estar capacitados y por el mal uso que pueden hacer; pensemos en las masacres que se han dado en otros países. Además, generaría un ambiente de sospecha, guerra y de una mayor inseguridad social.
Del mismo modo, los cultos religiosos miran con preocupación la medida. “Armar a los ciudadanos es muy peligroso, precisamente por no estar capacitados y por el mal uso que pueden hacer. Pensemos en las masacres que se han dado en otros países”, advierte Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien también recuerda que la seguridad es deber del Estado.
Asimismo, David Rodríguez, pastor evangélico y empresario, considera que la medida es una decisión “desesperada” por parte del Gobierno frente a la inoperancia institucional de la Policía, la justicia y el Legislativo. “Armar al pueblo solo incrementará el caos, pero también hay que preguntarse cómo desarmar a los ya armados: pandillas, mafias, carteles y demás actores y responsables de la violencia actual”, plantea Rodríguez.
No es legítimo ataque, ojo con eso, hay que dejarlo bien claro. Si me atacan, ¿en defensa puedo disparar 10 veces o debo hacer dos o tres tiros para demostrar que es defensa y no ataque? Cuidado la Fiscalía pone como victimario a la víctima.
