Prohibición de celulares al votar se debate en tres instancias a días de elecciones
Diana Atamaint confirmó que el organismo revisa una impugnación presentada por el correísmo en contra de la resolución
La prohibición del uso de celulares durante el proceso de votación se debate en tres frentes: el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Corte Constitucional. Todo esto ocurre a menos de un mes de las elecciones.
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Este 17 de marzo de 2025, una acción de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte Constitucional por el abogado Washington Andrade. Él también representa a la Asamblea Permanente por la Defensa del Patrimonio Nacional (relacionada con el campo Sacha) y ha participado en la Asamblea Plurinacional de Organizaciones Sociales, que decidió presentar sus demandas a la candidata del correísmo, Luisa González.
Sin embargo, esta no es la única acción legal en contra de la resolución adoptada por el CNE el pasado 13 de marzo. En el mismo organismo electoral, Revolución Ciudadana presentó una impugnación, firmada por Francisco Estarellas, procurador de la alianza RC-Reto.
En el documento, se realiza un análisis de la resolución y se solicita que “se deje sin efecto la resolución recurrida por ser atentatoria a los derechos constitucionales de los ciudadanos como lo es el derecho a la libertad de expresión”.
Al respecto, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que ya se está preparando el informe jurídico, el cual deberá ser respondido por el Pleno del organismo. Además, reveló que también existe una apelación en el TCE.
“Al estar en las dos instancias, nosotros tendríamos que esperar cuál es el criterio jurídico”, indicó Atamaint. Esto, debido a que existen precedentes de situaciones similares en las que la competencia ha sido asumida por el Contencioso Electoral para su pronunciamiento.
La prohibición del uso de celulares
El CNE acogió el pedido del Ejecutivo de prohibir el uso de teléfonos celulares durante la votación. Sin embargo, la resolución se basa en un informe de la Policía Nacional, en el que se advierte sobre presuntas extorsiones a votantes en Guayaquil con el fin de direccionar su sufragio.
Por ello, el próximo 13 de abril, los ciudadanos no podrán utilizar su dispositivo móvil desde el momento en que entregan su cédula para votar hasta que esta les sea devuelta. El incumplimiento de esta disposición ha sido catalogado por el CNE como una “infracción electoral muy grave”, lo que conlleva sanciones que pueden oscilar entre los 9.000 y 32.900 dólares. Además, se contempla la posibilidad de pérdida de derechos políticos y destitución.
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