Daniel Noboa gana la batalla del veto al uso de celulares al votar

Independientemente de que haya sido legal o no, uno de los problemas con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibir el uso de celulares en sitios donde se va a votar en la segunda vuelta electoral es que siembra suspicacias sobre el sesgo político en el manejo de ese organismo rector de las elecciones.

(Mira también: Prohibición del celular al votar: políticos de distintas tendencias rechazan medida)

La prohibición de que se tomen fotografías con dispositivos móviles en las juntas receptoras del voto puede ser una medida razonable en un país donde los grupos de delincuencia organizada y las mafias coercionan a la población para que vote por la opción que más les conviene, como es el caso del Ecuador. Pero no es necesariamente razonable cuando obedece a un pedido hecho por el presidente-candidato Daniel Noboa, quien alega que eso ocurrió en la primera vuelta.

¿Pruebas? Argumentos que habrían convencido al CNE

En su resolución, el CNE sostiene que existe un informe de la Policía Nacional en el que se dice que ha habido evidencias de que los grupos delictivos presionaron al electorado de Guayaquil a votar de determinada forma. Sin embargo, si se observan las partes citadas del informe policial se hallará que no existe ni una sola evidencia o prueba de que aquello haya ocurrido.

Dice la resolución del CNE que en el informe firmado por el general de distrito Víctor Hugo Zárate se concluye que “se ha evidenciado que en diversos sectores de Guayaquil, como mercados y barrios populares, se ha forzado a ciudadanos y comerciantes a participar en actividades de campaña de movimientos políticos”.

Además, que la Policía sostiene que “individuos y grupos han presionado a ciudadanos para que voten a favor de determinados movimientos políticos, ofreciendo incentivos económicos, como pagos por cada voto” y que “las verificaciones realizadas han revelado que diversos grupos de delincuencia organizada (GDO) están manipulando la voluntad popular en Guayaquil, creando un ambiente de intimidación, temor y violencia”.

Como se ve, en el informe policial no existen pruebas de que se hayan usado dispositivos electrónicos para que los electores envíen fotografías de sus votos a las mafias para demostrar por quiénes votaron. 

Es muy posible que todo eso haya ocurrido. Sin embargo, cuando no hay pruebas documentadas de lo que se afirma, el CNE proyecta la imagen de algo que parece ser evidente: que el Gobierno mantiene el control sobre la mayoría de los consejeros del organismo rector de los comicios.

Un pedido que inició el candidato - presidente Noboa

En realidad, el tema del uso de teléfonos móviles en las juntas receptoras del voto fue puesto en la mesa del debate público por el presidente-candidato, quien sostuvo que hubo lugares donde los pobladores eran obligados a tomar fotos y enviarlas para certificar que habían votado por el candidato que haya estado alineado con las mafias. 

Noboa jamás presentó pruebas ni denuncias en la Fiscalía, pero el tema del uso de los móviles se convirtió en un alegato de su campaña para sugerir que habían sido perjudicados por el hampa, presuntamente alineada con la candidata del correísmo.

Más desconfianza en el CNE

La abrupta salida de Elena Nájera, consejera vinculada al correísmo, de la sesión donde se trataba el tema también demuestra que en el organismo hay un sector que actúa de acuerdo con los intereses del Gobierno; y otro, del correísmo. En suma, el mensaje es que no hay cómo confiar en el organismo.

Diferente habría sido que la prohibición se hubiera hecho en virtud de un acuerdo con todos los actores políticos participantes en las próximas elecciones. Pero hacerlo de esta forma, cuando había una denuncia del presidente-candidato, sin pruebas, lo único que hace es sembrar dudas sobre la imparcialidad del CNE y de la transparencia en el manejo de los datos. 

Un resultado electoral únicamente se legitima cuando la credibilidad del organismo rector es alta, cosa que no parece ocurrir en este caso.

Existen también observaciones que son críticas a la legalidad y constitucionalidad de la decisión. No poder expresar y comunicar la decisión soberana de una persona luego de hacer su voto es una violación al derecho de expresión. 

Los alcances del secreto del voto

El voto secreto es un derecho al que tiene el elector, pero también es su derecho renunciar a él y así publicitar su decisión. Si bien es cierto que lo de las fotografías tomadas con los teléfonos móviles puede ser una forma de coerción al electorado, la solución, más bien, debería ser implementar medidas de seguridad para que esa coerción no se la ejerza en la práctica. 

Además, está el hecho de que en el actual Código de la Democracia no está tipificado como infracción electoral el tomar fotos en las juntas receptoras del voto. Eso abre la interrogante sobre cómo se va a procesar y sancionar a quienes hayan incumplido la orden del CNE.

¿Luisa González a favor de las fotos del voto?

No hay cómo dejar de anotar que la decisión del CNE produjo una particular reacción de la postulante de Rafael Correa, Luisa González, que puede beneficiar a la candidatura de Noboa. 

González dijo que lo resuelto por el CNE es signo de que se vive en una dictadura y llamó a los votantes a rebelarse. Con eso, el correísmo se pegó un tiro en el pie: González, con su destemplada respuesta, parece que estuviera defendiendo un plan para usar el mecanismo de las fotos tomadas en los recintos electorales.

“Esto es una dictadura, hay que rebelarnos, no podemos aceptar este tipo de medidas (...) no nos pueden robar la libertad de usar un celular”, dijo González en una entrevista el viernes 14 de marzo. ¿Por qué sale tan desesperada a defender el uso de celulares?, se preguntarán muchos.

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