Universidad y empresa pública, unión abierta a las suspicacias

Las universidades del Ecuador dependen de recursos del Estado para funcionar. Pero desde la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el 2010, varias transformaron sus unidades de producción en empresas públicas, en busca de recursos extras.

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El fin era ofrecer una cartera de servicios para poner en práctica los conocimientos de los alumnos y obtener ingresos de autogestión. En estos días se ha cuestionado el uso de dichas empresas públicas de las universidades para firmar contratos con el Estado, en tareas que supuestamente les son ajenas.

Universidades conseguían contratos

Así, vinculados con el caso Encuentro habrían mencionado en sus conversaciones, investigadas por la Fiscalía, a las empresas públicas de las universidades Técnica de Ambato y Técnica de Machala. Desde el 2021 han conseguido contratos para la compra de medicamentos e insumos, de hospitales del IESS y del Ministerio de Salud Pública.

Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), contó que el 14 de junio del 2011 se creó Espol Tech EP, que en 2023 generó más de 8 millones de dólares. Al revisar los tipos de proyectos se observa que el 20 % corresponde a investigación, mientras que cerca del 50 % provino de la prestación de servicios.

Las empresas en cuatro universidades

Espol Tech EP oferta servicios de asesoría, consultoría, ejecución, administración de proyectos de inversión, producción, investigación, capacitación y afines a las áreas de conocimiento de la politécnica. “Las actividades económicas no pueden salirse del objeto para el cual fue creada. Se alinean a la misión de contribuir al desarrollo social y económico del país”.

Aunque la rectora señaló que distintas empresas públicas pueden tener diversas premisas al momento de gestionarse. “Permiten, en el caso de las universidades, ser más eficientes para ofrecer los servicios requeridos por el sector público y privado”.

A Roberto Passailaigue, canciller de la Universidad Ecotec, le preocupa que ahora el Caces obligue incluso a los instituciones superiores a crear empresas públicas, supuestamente para generar trabajo. Recordó que los centros de educación superior tienen tres misiones: docencia, investigación y vinculación con sociedad. Las dos últimas, dijo, podrían permitir que los estudiantes practiquen y accedan a un trabajo efectivo.

En esa línea, Jaime Calderón, exrector de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y expresidente de la Asamblea de rectores, apuntó que siempre vieron a la empresa pública como una opción para poner en práctica los conocimientos. “Se puede hacer una tesis, que se vuelve libro y va a la biblioteca. ¿Pero de qué otro modo se puede tener una real vinculación con el sector productivo?”, manifestó.

Marco Posso, quien fue vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Central, subrayó que no manejó la empresa pública. “En el 2018 nació la iniciativa de compra de medicamentos. Y estaba en el ámbito de la empresa”. Reconoció que sí pueden hacer contratos con instituciones públicas, pero “siempre se subieron términos de referencia al Sercop”. La universidad dijo que está abierta a las investigaciones de los entes de control.

Cecilia Paredes, rectora Espol: Espol Tech tiene 13 años de creación

“La empresa fue creada para provisión de servicios, no para comercializar bienes. Podemos participar en la administración y ejecución de proyectos complejos, pero deben ser acordes a las actividades económicas y al objeto para el cual fue creada”.

Roberto Passailaigue, canciller Ecotec: El estatuto define cómo deben usarse

“Sería lamentable que las empresas públicas sean usadas para fines diferentes a los objetos de su constitución. No hace falta que una universidad sea fabricante de medicamentos, si la empresa tiene entre sus fines ese tipo de compra”.

Marco Posso, exvicerrector U. Central: La empresa de la UCE puede hacer compras

“La empresa puede capacitar, hacer consultoría y administración financiera, compras... No tenía ningún impedimento. No fue ilegal y no estuvo libre del control del Sercop. El precio para el IESS fue 17 % menor al de los últimos cinco años”.

Jaime Calderón, exrector EPN: El enfoque va hacia lo que sabemos hacer

“He sabido de empresas públicas de universidades que dan servicio de desayunos escolares. Una empresa de una universidad no es buena para todo. No es solo cuestión de hacer dinero. Además, siempre se ha controlado el manejo”.

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