El desborde de la violencia ‘mata’ la capacidad de investigar delitos

La lupa recaerá en el caso más urgente. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado, a través del sistema investigativo de la Policía Nacional, es la entidad encargada de realizar y dirigir la investigación preprocesal y procesal penal “para procurar el acceso a la justicia” a las víctimas de un delito. Sin embargo, esta última premisa es mermada por la ola de violencia que no solo cobra vidas, sino que también ha elevado el número de delitos a investigar, dejando, en más de una ocasión, los casos “no tan urgentes” relegados.

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Muestra de ello, la reunión pendiente entre la Fiscalía y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) que, luego del asesinato a tiros del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto, fue cancelada sin nueva fecha.

¿La razón? Según Lidia Rueda, presidenta de la Asociación, la fiscal con la que se reunirían -para tratar los casos de desaparición forzada que aún no han sido resueltos- refirió que “una parte del equipo de agentes de la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) fue llamado a sumarse a las investigaciones en el caso Villavicencio.

Esto, a criterio de Rueda, dejó entrever una deficiencia de personal operativo que preocupa a los familiares de las personas que han sido reportadas como desaparecidas. “Porque pese a que hemos luchado tanto por tener una dirección de investigadores y fiscales destinados solo a estos casos, cada vez que hay un hecho violento de gran conmoción todo queda en pausa porque Dinased tiene que sumarse”.

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No obstante, según declaraciones del coronel Julio Camacho, subdirector de la Policía Judicial, no existe tal déficit de agentes en las unidades investigativas, al menos no en la que preside, y que cuenta con tres mil agentes a nivel nacional.

Justificó que “solo se ha duplicado el trabajo por la crisis de violencia” que vive el país”.

Criterio que se contrapone al de Pablo (nombre protegido), un agente investigador que refirió a este Diario que, al menos en la Unidad Antisecuestro, los casos que reciben a diario desde Fiscalía sobrepasan el número de agentes operativos. Un escenario que los ha llevado, en ocasiones, a poner “en una balanza” los casos y priorizar los más urgentes.

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Esto pese a que reconoce que “todos los casos son importantes, pero no pueden resolverlos todos a la vez. “Tenemos que empezar por los más graves, en los que la vida de alguien está en riesgo. Para luego ocuparnos de los otros. Por ejemplo, solo hoy tenemos cinco casos nuevos de secuestros, aparte de los que ya estábamos investigando”.

A este trabajo se suma, según el agente policial, las investigaciones y pericias que deben realizar por “los cientos de casos de extorsión que llegan hasta la unidad”. Señala que, pese al esfuerzo, es necesario que se integre más personal al sistema de investigación porque “tenemos hora de llegada, pero no de salida”.

Según datos de la Policía, el Sistema de Investigación del país está conformado por 7.750 agentes, que han sido distribuidos en seis direcciones a nivel nacional. Sin embargo, se desconoce cuántos efectivos conforman cada una de estas direcciones porque, a decir de la Institución, es información de carácter reservado.

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Para contrastar el criterio de Pablo, este Diario insistió en una entrevista con la Dirección de Investigación de la Policía Nacional para conocer bajo qué parámetros se realizan las diligencias y si hay un protocolo en el que se establece un límite de casos por agentes, pero esta fue negada por la entidad.

Y si bien el país cuenta con 7.750 agentes investigadores y una estructura de seis direcciones en la que se distribuyen los casos según el delito, sigue siendo deficiente si se compara con los 166. 478 casos de tipo penal que se encuentran en etapa de investigación previa, desde enero de 2022 y lo que va de 2023, según datos que remitió la Fiscalía General del Estado a este Diario. Una lista que solo enmarca seis delitos de carácter penal, como desaparición forzada (30), extorsión (17.645), homicidio (2.093), robo (145. 013), secuestro (1.594) y sicariato (103).

Cifras que dan cuenta del desbordamiento de la violencia en el país y que, a criterio del abogado penalista Kléber Siguencia, corre el riesgo de traducirse en impunidad. “Los casos que ya llevan algunos meses en trámite, normalmente pudiese durar un año, pero resulta que se demoran dos años o un poco más. Hasta eso corre el tiempo de la prescripción”.

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Es lo que teme Mercedes, de 35 años, que tras el robo de su vehículo puso la denuncia ante las autoridades. Días después, vio su vehículo en una gasolinera del norte de Guayaquil. “Lo tenía un tipo, cargando gasolina. Llamé a la policía pero hasta que llegaron ya se habían ido. Cómo puedo creer yo que realmente están buscando mi carro, si se pasean a plena luz del día sin placas y nadie sabe nada”.

Según Renato Rivera, presidente del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, una forma de medir si el trabajo de Fiscalía y el subsistema investigativo es eficiente, o está siendo mermado por la ola de criminalidad, es analizar cuántas de las investigaciones que reciben los agentes terminan en sentencia condenatoria.

Asegura, según un análisis realizado por el Observatorio, que “solo por el delito de lavado de activos se identificó que las condenas por el delito han bajado. Entre 2020 a 2022 identificamos apenas dos sentencias por ese delito, y es porque solo se investiga el 20% de los casos”, detalla Rivera, quien añade que “el problema radica en cómo la Fiscalía lidera estos procesos porque son ellos los que archivan o mantienen las investigaciones, no la Policía Nacional”.

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Este Diario solicitó una entrevista a la Fiscalía General del Estado para conocer su versión de la problemática, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Si bien las investigaciones son lideradas por la Fiscalía, la ciudadanía desconfía de la eficiencia de los procesos investigativos.

Uno de esos casos es el de Maibelline Rodríguez, quien asegura que tras la desaparición de su hijo menor, de 4 años de edad, en febrero de 2023, los agentes investigadores del caso no han logrado recabar algún dato que dibuje una teoría de qué sucedió con el menor aquel día o dónde podría estar. “El caso no avanza. Al principio yo veía que ellos se movían en diligencias, pero ya luego nada. Ellos no han hecho nada por investigar a las personas que estuvieron con mi hijo ese día, y no sé por qué”. No confío en que estén buscando a mi hijo, no hay pruebas”:

Según la Policía Nacional, a finales de septiembre, se incorporarán un grupo de agentes especializados con el que buscan reforzar el sistema investigativo del país. Sin embargo, aseguran, es una medida de refuerzo, porque desde la Institución aseguran que no están desbordados de casos por resolver.

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