Las otras víctimas de la masacre en Socio Vivienda: familias vulnerables en peligro
Familias de grupos vulnerables denuncian la falta de protección en contexto de la violencia
El término ‘fuego cruzado’ es desconocido para los habitantes de Nuevo Ceibos, el nombre que adoptó la etapa 3 del plan habitacional Socio Vivienda desde 2018. Sin embargo, las aproximadamente 600 familias que residen en este lugar quedaron atrapadas en medio del salvaje ataque ocurrido la tarde del jueves 6 de marzo, cuando una facción de Los Tiguerones atacó a otra en la etapa 2 del sector, ubicado en el noroeste de Guayaquil.
Daños colaterales
Lo más lamentable de estas ‘víctimas’ del terror es que se trata de familias con personas con discapacidad física, intelectual, enfermedades catastróficas o adultos mayores.
Ellos fueron beneficiados con viviendas a bajo costo y subsidiadas por el Estado desde hace más de ocho años en un programa gubernamental. “Yo apenas pago 15 dólares mensuales, tampoco tengo dinero como para mudarme”, menciona Luisa, una de las moradoras.
En su caso, dos de sus tres hijos tienen discapacidad intelectual del 85 y 91%. Residen en una esquina de la manzana 3 de Nuevo Ceibos y, además, sus gemelos de 15 años padecen epilepsia. Ambos enfrentaron un cuadro de crisis durante la peor masacre ocurrida en Guayaquil, en la que murieron 22 personas.
Desesperación por ayuda
Esa tarde fue de miedo, no la quiero recordar. Uno de mis gemelos suele estar asomado y cuando empezaron a sonar las detonaciones me imaginé lo peor: sus piecitos estaban al pie del balcón y tuve que correr a verlo y tranquilizarlo. Uno de ellos sufrió un ataque que se debió contener en casa porque tampoco se podía salir al hospital”, relata con angustia. Sin más opción, intenta protegerse y proteger a su familia de las balas perdidas.
Luisa cuenta que, para evitar una desgracia, ha movido un colchón a la planta baja de su casa, donde acuesta a sus hijos cada vez que hay ataques armados en zonas cercanas. “Y no soy la única en esta situación”, dice, señalando a una de sus vecinas que camina en su dirección para “respirar aire fresco”, como ella misma dice, tras la jornada violenta.
Para María, otra moradora, la situación también fue angustiante. Su hija Charito, de 47 años, tiene discapacidad intelectual del 100%, esquizofrenia y epilepsia. También sufrió un ataque de 30 minutos y solo pudo darle soporte. “Hace más de seis meses que no sufría uno, pero las balas la alteraron”, comenta la adulta mayor.
Ambas reconocen que su etapa del conjunto habitacional es la más tranquila y que no han registrado muertes violentas en las 32 manzanas que la conforman. “Creemos que todo se alborotó cuando derribaron una pared que ahora conecta la etapa 2 con la 4, que recién fue inaugurada”, expresa Luisa. María secunda la idea y está de acuerdo con su vecina.
“Pedimos que no nos tumben la pared, incluso hicimos un plantón, pero parece que por la época electoral concedieron las casas en la etapa 4 y ahora todos los que se movilizan entre la 2 y la 4 cruzan por la calle que atraviesa Nuevo Ceibos”, afirma.
Para Luisa, María y Cecilia, otra moradora, la destrucción de esa barrera significó encender las alertas. “Yo no puedo ni dormir tranquila porque por aquí pasan personas que uno no sabe ni quiénes son, y pareciera que en cualquier momento se meten a las casas”, confiesa Cecilia, quien vive a pocos metros de donde estaba la pared.
Nancy, madre de un adolescente de 17 años con síndrome de Down, también expresa su preocupación. Asegura que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado para garantizar la protección de los grupos vulnerables. “No ha venido la Policía, tampoco el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), que son los llamados a velar por los derechos de las personas en riesgo”, reclama.
Para todas estas madres, la seguridad en sus hogares es lo primordial. Por eso, cada vez que hay balaceras, cierran sus puertas con candados y seguros. “Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién lo hará?”, concluye Nancy.
