Defensoría Pública: ¿habrá legitimidad en la autoridad que designe el CPCCS?

La dilación del concurso de defensor público no solo genera señalamientos al manejo del concurso por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sino a la calidad de autoridad que el proceso, uno de los más demorados de la entidad, obtendrá.

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Al menos esa es la principal preocupación de diferentes actores de la sociedad civil que, ante una nueva polémica en la selección y designación del titular de la Defensoría Pública, piden que se revise las etapas del concurso y, de ser necesario, se lo deseche e inicie uno nuevo para velar por su integridad.

“Desde hace mucho tiempo hemos advertido que buena parte del proceso está plagado de irregularidades y de denuncias fundamentadas”, sostiene Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción, y señala que las inconsistencias se las puede corroborar en los hechos.

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Por ejemplo, recuerda que más de un postulante ha sido señalado por vínculos o salpicaduras de casos judiciales. Entre ellos Daniel Frías, quien siendo el mejor puntuado del proceso decidió renunciar al mismo luego de que se revele cómo un vehículo lo vinculaba al prófugo Xavier Jordán.

Por otra parte, señala que el reciente conflicto entre la comisión ciudadana y el pleno del CPCCS, por el informe final que restituyó a Jorge Ballesteros, virtual ganador del concurso, también mina el proceso.

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“Parece que no le hacen mella todos los señalamientos críticos y las denuncias. (Jorge Ballesteros) se mantiene para lograr su designación (...)”, acota y anota que quien llegue tendrá cuestionamientos por nacer de un concurso viciado.

De hecho, una semana después de que se aprobara el informe final, en que se solicitaba la designación de Ballesteros en un plazo máximo de dos días, el pleno del CPCCS solicitó un criterio jurídico del mismo.

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Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, Mishelle Calvache, vicepresidenta del CPCCS, indicó a este Diario que “no me han enviado nada” sobre dicho informe jurídico. Esto, a pesar de que la resolución del 19 de junio de 2024 del pleno otorgó 48 horas para que la Coordinación de Asesoría Jurídica lo remita al pleno.

Para el jurista Julio César Cueva, estas demoras responden a los intereses que hay detrás de la designación del cargo de defensor público. Principalmente, la participación que esta entidad tiene en el pleno del Consejo de la Judicatura, al poder designar a uno de los cinco vocales del máximo ente administrativo de justicia.

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“Quien maneja la justicia, maneja la libertad y los bienes. No está en juego el cargo, sino su incidencia en la Judicatura, la joya de la corona para ellos”, sostiene Cueva y hace hincapié en que, al punto que se encuentra, poco o nada se podrá hacer para detener el concurso, pero no para ejercer control.

Para el jurista, el dilema de la probidad notoria y legitimidad de las autoridades se agota cuando los postulantes señalados terminan siendo “sacramentados” por los grupos políticos y sus intereses. Sin embargo, sostiene que pese a ello la sociedad civil sigue teniendo posibilidades a través de la fiscalización y control político.

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“La forma de frenarlos es tomar muy encuentra a quién se elige para legisladores”, añade el jurista Cueva y hace hincapié en que, si bien es cierto que personas cuestionadas podrían consolidarse como autoridades, la ciudadanía podría hacer que la Asamblea Nacional puede ser un filtro importante.

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