¿Cuál es el perfil de fiscal general que bosqueja el reglamento del CPCCS?

La controversia sigue. Aunque el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acabó con la especulación alrededor del reglamento, una vez aprobado, juristas exponen sus reparos a las reglas para elegir al nuevo fiscal general del Estado.

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Tras algunos intentos fallidos, el 11 de septiembre de 2024 el Pleno del CPCCS aprobó un reglamento que, según su presidente, Andrés Fantoni, impide que personas “vinculadas a la mafia” se postulen para el concurso, además de garantizar la probidad notoria de los aspirantes a asumir la Fiscalía.

Aunque destaca que exista la preocupación por garantizar la independencia y probidad notoria de la próxima autoridad, Mariana Yépez, exfiscal general del Estado, sostiene que hay otros puntos en los que el reglamento aprobado por el CPCCS flaquea y que también son importantes para elegir al nuevo fiscal.

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“Entre los requisitos para postularse al concurso no se dice absolutamente nada de una especialización. La Constitución manda que haya especialización”, comenta Yépez y precisa que también habría asimetría entre juristas provenientes del sector público y los que vienen del sector privado.

Según sostiene la ex primera autoridad de la Fiscalía, el postulante que proviene del sector público debería tener una consideración especial: “Por ejemplo, un juez en material penal, o fiscal que hace penal, o defensor público, ya tiene conocimiento y una experiencia mayor”.

Limitaciones que ponen en duda el perfil del próximo fiscal general

Sin embargo, en este punto, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, anota que el Pleno del CPCCS ubicó limitaciones en el reglamento que casi rayan con la violación de derechos para los juristas que deseen postularse al concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado.

Ocaña hace referencia al artículo 22 del reglamento aprobado por el CPCCS que, en el literal T, se señala que será una prohibición para postularse haber ejercido en los últimos diez años la defensa técnica en causas relacionadas con más de una veintena de delitos, entre ellos, el terrorismo y la producción de drogas, entre otros.

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“Es imposible que un abogado penalista, litigante, no haya defendido cualquiera de esos delitos descritos”, cuestiona Ocaña y señala que esta contradicción de fondo en el reglamento aprobado por el Pleno del CPCCS deja poco claro cuál es el perfil que buscan para el próximo fiscal general del Estado.

“O el concurso está direccionado para un fiscal o juez que conoce de la materia penal, pero no han defendido; o están buscando un fiscal que no sea experto en lo penal; o que simplemente no haya litigado”, añade Ocaña.

Esta aparente contradicción, según sostiene María Fernanda Rivadeneira, exvicepresidenta del CPCCS, proviene del debate que se generó alrededor de la aprobación del reglamento e intentar emprender un concurso que elija a un nuevo fiscal general del Estado independiente y con probidad notoria.

Incluso Rivadeneira señala que los consejeros también deberían enfocar sus esfuerzos en otros aspectos de los cuales también depende la independencia: “que las sesiones sean transmitidas, que la veeduría ciudadana sea escuchada y que no se intimen a los comisionados ciudadanos de selección”.

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Asimismo, que cuando las decisiones lleguen al Pleno del CPCCS, en estas impere la razón y la legalidad y no “cualquier cosa para beneficiar o inhabilitar a alguien que no sea del interés de los consejeros”, como sucedió en el concurso para elegir defensor público, en el que se fueron descartando postulantes.

Pese a las mejoras que aún puede tener el reglamento, la exfiscal general Yépez sostiene que es un paso hacia delante en la búsqueda de un buen perfil para la Fiscalía, aunque este aún esté opaco. Además, insiste en que la calidad de autoridad que salga del concurso también dependerá de la presencia y presión que ejerza la ciudadanía.

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