Procuraduría pide criterios jurídicos para responder la consulta de Noboa
El presidente Daniel Noboa consultó a Procuraduría si deberá encargar el poder en caso optar por una candidatura en 2025
La Procuraduría General del Estado solicitó un criterio jurídico a al Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otras entidades del Estado, para poder responder la consulta del presidente Daniel Noboa sobre las elecciones de 2025.
El Gobierno consultará si eventual candidatura de Noboa contaría como reelección
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El 21 de mayo de 2024, el primer mandatario remitió al procurador Juan Carlos Larrea una consulta sobre la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, referente a la reelección.
En esencia, Noboa consulta si la obligación de tomar una licencia sin sueldo para los mandatarios que buscan una reelección se aplica a él, quien fue electo para culminar un periodo en curso.
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Daniel Noboa fue electo presidente de la República en las elecciones anticipadas de 2023, que surgieron a raíz de la muerte cruzada dictada por el expresidente Guillermo Lasso.
La Procuraduría General del Estado indicó a EXPRESO que, luego de que Noboa extienda la consulta, remitió un oficio a Diana Atamaint, presidenta del CNE, para consultar su criterio jurídico. Asimismo, se consultó el criterio de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional.
El presidente Daniel Noboa rendirá cuentas de su periodo como asambleísta por la provincia de Santa Elena en la Legislatura 2021 - 2023.
— Diario Expreso (@Expresoec) May 30, 2024
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En el oficio que la Procuraduría envió al CNE, conocido por este Diario y suscrito por Henry Córdova, director nacional de Consultoría de la Procuraduría, señala que se solicita el criterio jurídico "a fin de contar con elementos de juicios necesarios" para responder.
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Además, Córdova también señala en su oficio remitido al CNE que la consulta extendida por Noboa "es un asunto relacionado con la entidad a su cargo". Se le concedió 10 días al órgano electoral para responder la solicitud de Procuraduría.
Este Diario pudo conocer la existencia de un informe jurídico borrador a cargo de Atamaint, pero que no ha sido socializada ni conocida por el resto del pleno del órgano electoral.
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