Sanar el tejido social, vital para mantener el plan de seguridad
El Gobierno dice que es su enfoque, pero no hay detalles. Hay prioridades por atender tras el estado de excepción
Un trabajo que trasciende de la fuerza pública y la mano dura. La crisis de violencia que azota a Ecuador, según analistas consultados por este Diario, es el resultado de una reiterada e histórica desatención del eje social por parte del Estado ecuatoriano.
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Aunque ese diagnóstico aparece en cada crisis de seguridad que ha pasado el país, hacen hincapié en que con la presencia del narcoterrorismo en las calles, se hace impostergable la ejecución de políticas sociales que apunten a sanar el tejido social como parte de la estrategia de seguridad gubernamental.
Mónica Palencia es la ministra de Gobierno y también la ministra encargada del Interior, entidad que rige las políticas de seguridad del país. Fue posesionada a finales de noviembre.
— Diario Expreso (@Expresoec) January 25, 2024
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De hecho, según la propia ministra de Gobierno e Interior (e), Mónica Palencia, la política del presidente Daniel Noboa está enfocada en lo social y “en lograr la reconstrucción del tejido social”. Sin embargo, no precisa con qué acciones concretas se está fortaleciendo el eje social.
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Este Diario intentó contactarse con la ministra de Inclusión Social, Zaida Rovira, para consultarle sobre su participación en la estrategia de seguridad del Gobierno, pero hasta el cierre de esta edición no hay respuesta. Noboa, por su parte, ha reiterado en el ataque a la desocupación y la generación de empleo.
“No sirve de nada (la estrategia de seguridad) si no se trabaja en la parte social porque, si no se lo hace, se sigue generando personas que fácilmente pueden ser captadas por el crimen”, enfatiza Ramiro Narváez, expresidente de la mesa de Seguridad de la Asamblea.
Es indispensable implementar la política de rehabilitación social. También usar el censo penitenciario.
Según acota, mientras se ejerce control durante el estado de excepción, el Gobierno debería preparar un plan para establecer la presencia del Estado en zonas conflictivas, además de fortalecer los programas sociales, en trabajo conjunto con los gobiernos autónomos.
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Planteamientos que, según el legislador oficialista Jonathan Parra, ya se están ejecutando. “Se están repotenciando los proyectos de apoyo a población vulnerable que el MIES va y debe atender de manera urgente. Ya hay planes ejecutándose (...)”, resalta el asambleísta.
Otro elemento a tratar en la recuperación del tejido social, según Bernarda Ordóñez, exsecretaria de Derechos Humanos, es el sistema penitenciario. “Una estrategia para alcanzar la paz dentro y fuera de los centros penitenciarios es indispensable (...)”, sostiene.
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Según recuerda, el país ya cuenta con una política pública de rehabilitación social que “el gobierno saliente (de Guillermo Lasso) no siguió”, lo que provocó el deterioro del sistema penitenciario y de rehabilitación, debilitando al Estado en el control de las cárceles del país.
El presidente Noboa está ya trabajando por los niños y adolescentes (...). Lo social es lo más importante (...).
“No invertir en una política de rehabilitación hace que 8 de cada 10 personas liberadas vuelvan a cometer delitos”, explica Ordóñez, al analizar que ahí radica la importancia de que este plan sea ejecutado por el gobierno de Noboa a la par que toma control de las prisiones.
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El documento, de 181 páginas, en 11 puntos macro repasa las líneas de acción de corto, mediano y largo plazo para fortalecer el sistema penitenciario del país y que exista una rehabilitación e inserción social.
“El Estado tiene muchas carencias, de ahí la urgencia de la priorización de acciones”, advierte Ordóñez respecto a la dificultad económica alegada por el Gobierno, destacando que hoy urge contener la violencia.
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