Sindicato del IESS: una reforma laboral espera frenar los abusos

Para evitar que acciones como las cometidas por los dirigentes del Sindicato Nacional Único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguirdad Social (SinduoIESS) se repitan, los asambleístas de la provincia de Azuay impulsan reformas legales al Código del Trabajo.

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Sofía Sánchez, legisladora azuaya, detalla que se ha propuesto dos reformas puntuales al apartado de los sindicatos en el Código del Trabajo: la eliminación de la reelección indefinida de los dirigentes y crear un método de fiscalización a las cuentas de los sindicatos.

“Es así que las directivas podrán ser electas máximo por dos períodos y además se brindará facultades al Ministerio de Trabajo para que pueda auditar las cuentas de los sindicatos”, puntualiza la asambleísta.

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El proyecto, según explicó Sánchez, ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y fue enviado a la Comisión de Trabajo. “Tras la vacancia legislativa buscaré que se debata este proyecto antes que termine este año”, asegura.

Un informe que devela irregularidades en el sindicato del IESS

Días atrás, los asambleístas de Azuay dieron lectura al informe preliminar de la fiscalización que realizaron al sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, salpicando a varios dirigentes de diferentes provincias de Cuenca, Loja y Pichincha.

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Leonardo Berrezueta, asambleísta por Azuay, explicó que los hallazgos que realizaron son el producto de acciones hechas en más de 20 años en los que venían siendo electos los dirigentes que están involucrados en este caso.

El informe habla de posible desvío del dinero que cobraba el sindicato por capacitaciones al personal de la institución, aparente enriquecimiento ilícito y supuestos casos de tráfico de influencias como las principales.

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Para el asambleísta Leonardo Berrezueta la Fiscalía y la Contraloría deberán por ejemplo determinar la forma en la que la secretaria general del SinduoIESS, Rosa Argudo, con un sueldo de 1.295 dólares logró reunir un patrimonio de más de 700.000 dólares.

“Al caso de la señora Argudo se suman los casos de un dirigente de Pichincha y otro de Loja que de igual forma tienen más de 20 parientes trabajando al interior del IESS y además existen cheques girados a ellos desde el sindicato”, explicó Berrezueta.

Con estos hallazgos preliminares, los asambleístas entregaron todos los documentos que respaldan sus afirmaciones a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, instituciones donde ya se llevan adelante las respectivas investigaciones.

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“Exigiremos a la Fiscalía que actúe. Hay más de una prueba y más de un documento que respalda todo lo que señalamos en nuestro informe. Es importante que la justicia dé agilidad a la investigación”, puntualizó el legislador azuayo.

En esta exigencia coincide el legislador Adrián Castro quien además señala que la fiscalización del caso IESS aún no terminó y que seguirán recibiendo documentos que fueron solicitados para respaldar las diferentes denuncias que giran en torno a este caso.

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Además, adelantó que la Fiscalía lleva adelante la investigación de este caso como un presunto delito de peculado; sin embargo, Castro explicó que esperan que se cambie el tipo penal ya que existen temas de “enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, testaferrismo, asociación ilícita y otros”.

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